El caso Epstein-Maxwell generó escándalo global. La indignación es legítima. Pero las listas de clientes poderosos siguen protegidas, Trump, Clinton, cantantes famosos siguen intocables. El sistema sacrifica algunas cabezas para que las estructuras de poder permanezcan intactas.
Lo que circula menos son los archivos del caso que mencionan a Guatemala 126 veces. Documentos del FBI de 2019 identifican niñas guatemaltecas como víctimas. Y ahí termina la historia. Permanecen invisibles mientras sus perpetradores nunca son nombrados. Esto no es un olvido, es una decisión narrativa. Quién controla qué historias se cuentan, con qué recursos y en qué idioma, determina qué violencias generan indignación colectiva y cuáles se normalizan. El racismo estructural opera también como régimen de visibilidad.
Desde nuestra experiencia como mujeres indígenas organizadas, reconocemos este patrón con precisión. La violencia feminicida no es solo el acto de privar a una mujer de su vida: es todo lo que vino antes y todo lo que viene después. Es una falla sistémica, una omisión perpetua, la legitimación constante de la violencia contra cuerpos racializados, empobrecidos, indígenas. Cuerpos cuyas historias no generan maquinaria publicitaria.
En Guatemala esta arquitectura tiene nombre: Consuelo Porras. La fiscal general capturó el Ministerio Público para perseguir defensoras y jueces íntegros mientras garantiza impunidad a militares, empresarios extractivistas y políticos corruptos. Porras fue «tutora legal» de niños indígenas robados en 1982, durante la política de tierra arrasada. No es coincidencia. Es continuidad.
En 2019, mientras el FBI documentaba víctimas guatemaltecas del caso Epstein-Maxwell, Porras ya administraba impunidad selectiva. Ese mismo año, mi hermana y yo fuimos agredidas físicamente por un militar en una movilización anticorrupción. El Ministerio Público desestimó el caso, nos dejó sin medidas de protección, sin persecución del discurso de odio. Impunidad perfecta.
Porras, como Maxwell, es una operadora consciente de un sistema que protege a hombres con poder. Lo que conecta ambos casos no son solo los 126 registros en archivos del FBI, es la misma arquitectura de instituciones capturadas, espacios donde las reglas no aplican para los poderosos, y víctimas tratadas como prescindibles. Esto no es falla del sistema. Este es el sistema.
Frente a esto, no alcanza con denunciar, hace falta disputar el terreno de lo narrable. Entendemos la acción narrativa como una práctica política, nombrar lo que el poder prefiere invisible, construir relatos desde las comunidades afectadas, hackear los códigos culturales que naturalizan la impunidad. Documentales como Bring Her Home, No sucumbió la eternidad o Por cielo y tierra no son solo registro, son intervenciones en el campo de sentido, actos de justicia epistémica.
No esperamos justicia de los perpetradores, la construimos desde otro lugar.
Como las mujeres Ixiles que documentaron y denunciaron la violencia sexual usada para perpetrar el genocidio, como los laboratorios de narrativas comunitaria que construyen nuevos sentidos comunes, como la cura del territorio-cuerpo-espíritu. Desmantelamos las estructuras elitistas, nombramos a quienes ordenan violencia y negocian impunidad.
En un mundo que insiste en sepultar nuestras historias, nosotras insistimos en narrarlas. Sin pedir permiso. #8M
